Compartimos e impulsamos el rechazo popular
y masivo a los cambios regresivos en la propiedad y funcionamiento
de las principales empresas productivas e instituciones de seguridad
social y educación del Estado. Estas serán sometidas
a la abierta privatización o a un encubierto control
privado resultante del impulso a los “fondos de capitalización
social” o de la venta de acciones asaltando el patrimonio
público.
Es una acción opuesta a la tan mentada como mentirosa
“democratización de la propiedad”, que sólo
beneficia al capital monopolista multinacional.
Esas inconvenientes modificaciones para Colombia y su gente,
arruinan el patrimonio público y hacen parte de la llamada
“reducción del Estado” para cumplir con las
metas fiscales ordenadas al gobierno de Uribe Vélez por
el FMI, el BM y toda la banca internacional, ávida de
los pagos usureros de la deuda pública y de obtener más
ganancias para las multinacionales que engrosarían sus
cuentas bancarias con los ingresos que tiene el Estado gracias
a la propiedad de empresas industriales y comerciales.
Tener estabilidad laboral y ganar un promedio de tres salarios
mínimos no es ningún privilegio, contar con servicios
médicos para el trabajador y la familia no es un lujo,
obtener una pensión antes de llegar a la tumba no es
delito, como lo quieren presentar Uribe, oligarcas y los políticos
que los representan. Hoy quieren quitarles los derechos adquiridos
a los trabajadores de TELECOM, ECOPETROL, ISS, SENA, los educadores
y demás funcionarios estatales, quieren cobrarle cuentas
a sus organizaciones sindicales por la lucha por una vida digna
y condiciones laborales adecuadas, quieren culparlas de la pobreza
y la crisis.
Con la reestructuración del Estado versión Uribe-FMI,
no sólo sufrirían los varios miles de desempleados
y los revinculados con el inestable sistema de contratistas,
también reciben el durísimo golpe de los recortes
anunciados las mayorías ciudadanas que se han beneficiado
de los servicios sociales que prestan estas instituciones. Uribe
jura que ellas rendirán el doble con menos personal y
peores presupuestos.
Queda claro que para Uribe Vélez “politiquería”
es responder por los deberes del Estado en el gasto y la inversión
social, que para el tirano gobernante eliminar empleos sin crear
nuevos no es politiquería.
La reestructuración estatal en marcha es un canto a la
corrupción de los altos cargos del gobierno que pactan
los contratos de asociación para petróleo y gas
con las multinacionales gringas-inglesas el inmoral 70% a su
favor y el 30% contra Colombia y contra ECOPETROL, aspirando
volver a las concesiones.
También hay desventajosas condiciones para el país
en los contratos “a riesgo compartido”, en el caso
de TELECOM significan pagar una ilegal e injusta deuda de US
$ 1.800 millones, a multinacionales como la Tochu, Siemens,
Nortel o Ericsson, que al igual que las petroleras se disputan
la propiedad de los sectores estratégicos que no han
terminado de privatizarles desde que en 1992 el expresidente
César Gaviria aceleró la aplicación de
tan nefastas políticas neoliberales, apoyado en la Constitución
del 91.
Así, tenemos al desnudo tanto la inmoralidad de Álvaro
Uribe como la corrupción de sus generales y altos funcionarios,
de las multinacionales y los organismos multilaterales de crédito
del voraz imperialismo yanqui.
La jornada nacional de los trabajadores estatales convocada
para el jueves 19 de junio merece todo el respaldo, muestra
una mayor conciencia social sobre la demagogia uribista de la
lucha “contra la corrupción y la politiquería”,
del “corazón grande”. Diversas acciones de
protesta están preparándose para derrotar decretos
y evitar nuevos, ellas merecen el apoyo popular nacional e internacional.
Es de esperar y trabajar para que las luchas desemboquen en
un paro indefinido de los trabajadores estatales y, más
adelante, en el Paro Nacional masivo y combativo.
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)
Comité Ejecutivo Central
Colombia, 17 de junio de 2003
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