Fox
Quesada habla de “un pacto federal que sea el motor del
desarrollo de México”. Sin embargo, en el presupuesto
una parte importante será destinada para los banqueros
y los empresarios carreteros, a través del Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), como gasto no programable,
con más recursos que algunas secretarías de Estado.
Por lo que es falso lo que dice Fox que "no se puede repartir
lo que no se tiene”, porque sí hay dinero pero se
destina a los ricos.
Sobre la propuesta de presupuesto que mandó Fox a la Cámara
de Diputados, el PRI, PAN y PRD discuten como “redistribuir”
las migajas que quedan, pero será la Secretaría
de Hacienda la que al final defina cuales son los “programas
prioritarios”, cuales los susceptibles de recorte, incluso,
bloqueará impuestos que afecten a sus amigos empresarios,
como la de la fructosa o impuestos telefónicos, y no ejercerá
lo destinado, como los del programa para el campo o para mujeres
o seguirá arruinando la industria eléctrica o petrolera;
y manipulará y ocultará información.
El dinero que se destina al campo no es suficiente para sacarlo
de la crisis, pero el gobierno tampoco pretende ayudar a los comunidades
de campesinos pobres, medios y ejidatarios; y peor será
la situación del campo cuando entre la apertura arancelaria
de 19 artículos de este ramo provenientes de Estados Unidos,
de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y como ejemplo está lo que le pasó
a la industria textil, donde se cerraron miles de pequeñas
empresas que surtían el mercado interno.
El PRD, PAN, PT y PRI piden que se aumente la base de contribuyentes,
porque "se pierden 300 mil millones de pesos" y que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) debería hacer un mayor esfuerzo en los cobros, pero
la SHCP irá a perseguir a los desempleados llamados “vendedores
ambulantes” utilizando el terrorismo fiscal y no perseguirá
a la economía informal de grandes empresas.
Si el gobierno de Fox quisiera tener más recursos debería
de gravar las ganancias bursátiles, las herencias con elevadas
progresividades, los dividendos de los accionistas, el capital
golondrino extranjero, las transferencias de capitales mexicanos
al exterior, cobrar el impuesto diferido que adeuda la banca (monto
que asciende a 60 mil millones de pesos), eliminar los paraísos
fiscales y los regímenes como de Consolidación Fiscal,
como el grupo Carso Global Telecom, (que està intregrada
por TELMEX, Sección Amarilla, Telcel, etc, pero una de
empresa del grupo siempre está en quiebra, por lo que no
pagan impuestos ninguna) o Régimen Simplificado que fue
para los pequeños productores agrícolas, silvícolas,
pesqueros, agropecuarios independientes pero se incorporan grandes
empresarios como BACHOCO para evadir obligaciones e impuestos
de manera legal.
El
presupuesto y La deuda externa o eterna
El endeudamiento externo es de 74 mil 740.3 millones de dólares
del gobierno y 77 mil 793.7 millones de dólares del sector
privado y de la banca comercial que totaliza 152 mil 534 millones
de dólares en el 2002, según la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El gobierno de México es el mejor pagador de América
Latina y la deuda se paga con recursos petroleros que llevan a
la quiebra a PEMEX.
Entre 1982 y 2000, según el Banco Mundial, la deuda externa
de México casi se triplicó al pasar de 57 mil millones
de dólares a 157 mil millones de dólares. En ese
periodo el país rembolsó a sus acreedores 478 mil
millones de dólares, cantidad que representa casi ocho
veces el monto de la deuda externa del país en 1982.
El pago de la deuda externa mexicana representa una enorme transferencia
de ingresos de los trabajadores y de los pequeños y medianos
productores hacia la oligarquía financiera.
El gasto presupuestal para el pago de la deuda representa 25%
del Producto Interno Bruto (PIB) y el 30 % del presupuesto del
gobierno en detrimento de los gastos sociales, como educación,
salud y vivienda, y de la inversión pública.
En los últimos cuatro años (con Ernesto Zedillo
y Fox) el gobierno disminuye el endeudamiento externo a costa
de aumentar la deuda interna mediante la emisión de bonos
en el mercado nacional.
El total de la deuda externa e interna pública es de 151
mil millones de dólares, cuyo costo por pago de intereses
y amortizaciones representa alrededor de 43 mil millones de dólares
en un año. La SHCP y la Cámara de Diputados destina
2.5 veces más dinero al pago de la deuda que a educación,
en el rubro de gasto no programado, cuando en México más
de la mitad de la población vivimos en la pobreza.
A la oligarquía le interesa que México siga endeudado
porque representa la posibilidad de estar asegurando una transferencia
vía el servicio de la deuda de manera permanente.
El
presupuesto y la reforma eléctrica
Para Fox su tarea principal es la reforma eléctrica, por
eso el secretario de Energía, Ernesto Martens y el presidente
de la CONCAMIN, Javier Prieto dicen que de no aprobarse esta reforma
eléctrica seguiremos con un crecimiento bajo, que se generarían
menos de un millón 300 mil que se requieren al año.
Pero lo que les preocupa es que no cumplan las metas que el imperialismo
yanqui le impone a través del FMI o el BM.
Con preocupación el Secretario de Energía dice que
las empresas que han invertido para la generación de electricidad
ya no quieren invertir por que existe una laguna legal en esta
materia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió
unas consideraciones contra el “productor independiente”
que existe en la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE), por lo que la reforma eléctrica
realizada en 1992 requerirá de una reforma constitucional
porque en toda ella se insta al uso del esquema de productor independiente
de energía, siendo anticonstitucional en relación
con el artículo 27 de la Constitución.
Pero contrariamente a lo que expone el Secretario de Energía
de que las empresas ya no quieren invertir, la calificadora americana
de riesgo crediticio, la Standard & Poor's (S&P), (pertenece
al presidente de Estados Unidos Bush) dice que aunque no se apruebe
la reforma eléctrica, México no puede permitirse
la detención del programa de expansión, y que la
CFE continúa licitando proyectos de generación y
transmisión y que los proyectos denominados obra pública
financiada (OPF) no deberían verse afectados mientras que
el panorama para los productores independientes de energía
es incierto. Esperan que la reducción de los subsidios
a la energía eléctrica (que es una orden del FMI
y BM implementada por el gobierno de Fox), dé como resultado
más flujo de efectivo que podría ser usado para
refinanciamiento de inversiones de capital.
La privatización energética aunque sea ilegal es
real, sin necesidad de modificar los Artículos 27 y 28
constitucionales. La Comisión Reguladora de Energía
(CRE) de la Secretaría de Energía, desde 1992 concedió
más de 200 permisos; un ejemplo de estos permisos es el
de la empresa Hidroelectricidad S.A de C. V., que en 1992 se le
dio para la generación de energía eléctrica
hasta 30 Millones de Watts, para abastecer a las empresas Siderúrgica
Tultitlán y Colchas de México, luego se dedicó
a abastecer a empresas carreteras, cerveceras, automotrices, papeleras,
vidrieras, refresqueras, al gobiernos del D.F., a los municipios
más importantes del Estado de México, como Tlalnepantla,
Naucalpan, Atizapán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca
y Cuautitlán, también a Acapulco, Chilpancingo e
Iguala en el Estado de Guerrero, Cuernavaca y Cuautla en Morelos.
Ampliaciones posibles por los Artículos 101 y 102 del reglamento
y de acuerdo al Artículo 36 Fracción I de la LSPEE.
Estos permisos y sus "ampliaciones legales" representan
un incremento de cerca de 12 mil Millones Watts, lo que equivale
a la tercera parte de la capacidad total actualmente instalada.
No basta con luchar contra las modificaciones a la Constitución
pues incluso las inversiones eléctricas han sido con recursos
privados como los pidiregas.
Interesados en que se modifiquen las leyes para privatizar la
energía eléctrica se encuentran George Bush y el
vicepresidente norteamericano Cheney, este último participó
en la industria petrolera a través de la empresa Halliburton
Energy Services, que recibió durante los 90´s, cientos
de millones de dólares del gobierno norteamericano para
lograr contratos con PEMEX. Ahora la empresa tiene contratos con
PEMEX para proveer equipo de perforación y otros servicios
para el proyecto de la cuenca de Burgos. En julio pasado Halliburton
anunció haber logrado otro contrato por 44 millones de
dólares para proporcionar equipo y servicios al campo Bloque
Sur de Cantarell, en Campeche, el más grande de México.
Y proporcionaba 88 % de todo el equipo importado por PEMEX.
Cheney, encabeza a la comisión de energía encargada
por el gobierno norteamericano de definir la política energética
que propone la Integración Energética Hemisférica,
y en especial la “cooperación” con México.
Esa cooperación la plantean en términos de "ampliar
y acelerar inversión en energía, petróleo,
gasoductos y conexiones de la rejilla eléctrica transfronteriza".
Actualmente existe una demanda contra Cheney y otros directores
de Halliburton por prácticas contables fraudulentas que
sobre valoraron las acciones de la compañía.
Otro interesado es el Ex-In Bank, que es el encargado de financiar
los contratos con PEMEX. Este banco también intervino en
la industria eléctrica de México, en generadores
para turbinas de gas de CFE y, en la construcción de plantas
privadas como El Bajío (600 Mw) mediante apoyos a Bechtel
International y General Electrical Power Systems, además
de Enron.
Es evidente el interés del gobierno norteamericano sobre
la industria energética de México. De allí
el interés por la apertura de PEMEX y CFE. El gobierno
norteamericano está interesado en obtener suministros seguros
y baratos de petróleo crudo.
Una
parte de la corrupción del IPAB
En silencio el gobierno de Fox exoneró al PRI de reintegrar
25 millones de dólares que recibió en 1994 del Banco
Unión (Carlos Cabal Peniche), para financiar las campañas
de Colosio, Zedillo y Madrazo, durante 1993 y 1994, cantidad que
fue a engrosar al Fobaproa.
Cuando se creó el IPAB, se legalizó la compra ilegal
de cartera del Fobaproa, los panistas consiguieron que los priístas
aceptaran la inclusión de un artículo transitorio
-el séptimo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario-
donde se asentó que, una vez realizadas las auditorias
y devueltas a los bancos las operaciones ''irregulares'', el PRI
tendría que reintegrar al erario el dinero que recibió
de Banco Unión.
Se dijo entonces que no podían detener el resultado de
esas auditorías, por 40 millones de pesos, pero, el monto
fue mayor. La campaña de Roberto Madrazo para gobernador
gastó 237 millones de pesos, cuando el tope fue de 4 millones.
Las empresas que participaron fueron Banco Unión, Del Valle
Zapata y Asociados, Grupo Comercial Alvi, Real Turismo (administradora
de los hoteles Camino Real), Lomas Mil, Distribuidora Comercial
Futura, Hexagrama, Larefo y San Carlos World Trade de México,
así como el propio Carlos Cabal Peniche. La ruta de las
transferencias ilegales al PRI está detallada con amplitud
en el informe del Órgano Superior de Fiscalización,
que a pesar de haber conocido como se trianguló dinero
al tricolor, también lo exoneró.
El
presupuesto y la mujer
Con el presupuesto no se resuelven los problemas de las mujeres
pero tampoco se destinan recursos para programas en favor de ellas.
El sistema de salud no tiene como prioridad los cánceres
de mama, de matriz y por aborto que son causas principales de
mortalidad femenina.
La SHCP realizó recortes en el 2002 a los recursos “etiquetados”
para las mujeres, que se supone no deberían de recortar.
Algunas secretarías realizaron reasignaciones internas
de su presupuesto. Se dieron recortes al Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres), al Programa Mujer y Salud (Promsa) de
la Secretaría de Salud y el Hospital de la Mujer no ejerció
cinco millones de pesos en becas para adolescentes embarazadas,
del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Al Inmujeres se aprobaron 220 millones de pesos para 2002,
pero recibió 209 millones. Al Promsa, que se le asignaron
80 millones 747 mil cien pesos, le quitaron cerca de 17 millones
de pesos.
Durante sus comparecencias de la Cámara de Diputados, los
funcionarios de esas dependencias aseguraron que la SHCP nunca
entregó completos los recursos que había aprobado
la Cámara.
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