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Número 162 Diciembre de 2002
 
 
El Presupuesto y
la reforma fiscal

Fox Quesada habla de “un pacto federal que sea el motor del desarrollo de México”. Sin embargo, en el presupuesto una parte importante será destinada para los banqueros y los empresarios carreteros, a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), como gasto no programable, con más recursos que algunas secretarías de Estado. Por lo que es falso lo que dice Fox que "no se puede repartir lo que no se tiene”, porque sí hay dinero pero se destina a los ricos.

Sobre la propuesta de presupuesto que mandó Fox a la Cámara de Diputados, el PRI, PAN y PRD discuten como “redistribuir” las migajas que quedan, pero será la Secretaría de Hacienda la que al final defina cuales son los “programas prioritarios”, cuales los susceptibles de recorte, incluso, bloqueará impuestos que afecten a sus amigos empresarios, como la de la fructosa o impuestos telefónicos, y no ejercerá lo destinado, como los del programa para el campo o para mujeres o seguirá arruinando la industria eléctrica o petrolera; y manipulará y ocultará información.
El dinero que se destina al campo no es suficiente para sacarlo de la crisis, pero el gobierno tampoco pretende ayudar a los comunidades de campesinos pobres, medios y ejidatarios; y peor será la situación del campo cuando entre la apertura arancelaria de 19 artículos de este ramo provenientes de Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y como ejemplo está lo que le pasó a la industria textil, donde se cerraron miles de pequeñas empresas que surtían el mercado interno.

El PRD, PAN, PT y PRI piden que se aumente la base de contribuyentes, porque "se pierden 300 mil millones de pesos" y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debería hacer un mayor esfuerzo en los cobros, pero la SHCP irá a perseguir a los desempleados llamados “vendedores ambulantes” utilizando el terrorismo fiscal y no perseguirá a la economía informal de grandes empresas.

Si el gobierno de Fox quisiera tener más recursos debería de gravar las ganancias bursátiles, las herencias con elevadas progresividades, los dividendos de los accionistas, el capital golondrino extranjero, las transferencias de capitales mexicanos al exterior, cobrar el impuesto diferido que adeuda la banca (monto que asciende a 60 mil millones de pesos), eliminar los paraísos fiscales y los regímenes como de Consolidación Fiscal, como el grupo Carso Global Telecom, (que està intregrada por TELMEX, Sección Amarilla, Telcel, etc, pero una de empresa del grupo siempre está en quiebra, por lo que no pagan impuestos ninguna) o Régimen Simplificado que fue para los pequeños productores agrícolas, silvícolas, pesqueros, agropecuarios independientes pero se incorporan grandes empresarios como BACHOCO para evadir obligaciones e impuestos de manera legal.

El presupuesto y La deuda externa o eterna

El endeudamiento externo es de 74 mil 740.3 millones de dólares del gobierno y 77 mil 793.7 millones de dólares del sector privado y de la banca comercial que totaliza 152 mil 534 millones de dólares en el 2002, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El gobierno de México es el mejor pagador de América Latina y la deuda se paga con recursos petroleros que llevan a la quiebra a PEMEX.
Entre 1982 y 2000, según el Banco Mundial, la deuda externa de México casi se triplicó al pasar de 57 mil millones de dólares a 157 mil millones de dólares. En ese periodo el país rembolsó a sus acreedores 478 mil millones de dólares, cantidad que representa casi ocho veces el monto de la deuda externa del país en 1982.

El pago de la deuda externa mexicana representa una enorme transferencia de ingresos de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores hacia la oligarquía financiera.
El gasto presupuestal para el pago de la deuda representa 25% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 30 % del presupuesto del gobierno en detrimento de los gastos sociales, como educación, salud y vivienda, y de la inversión pública.

En los últimos cuatro años (con Ernesto Zedillo y Fox) el gobierno disminuye el endeudamiento externo a costa de aumentar la deuda interna mediante la emisión de bonos en el mercado nacional.

El total de la deuda externa e interna pública es de 151 mil millones de dólares, cuyo costo por pago de intereses y amortizaciones representa alrededor de 43 mil millones de dólares en un año. La SHCP y la Cámara de Diputados destina 2.5 veces más dinero al pago de la deuda que a educación, en el rubro de gasto no programado, cuando en México más de la mitad de la población vivimos en la pobreza.

A la oligarquía le interesa que México siga endeudado porque representa la posibilidad de estar asegurando una transferencia vía el servicio de la deuda de manera permanente.

El presupuesto y la reforma eléctrica

Para Fox su tarea principal es la reforma eléctrica, por eso el secretario de Energía, Ernesto Martens y el presidente de la CONCAMIN, Javier Prieto dicen que de no aprobarse esta reforma eléctrica seguiremos con un crecimiento bajo, que se generarían menos de un millón 300 mil que se requieren al año. Pero lo que les preocupa es que no cumplan las metas que el imperialismo yanqui le impone a través del FMI o el BM.

Con preocupación el Secretario de Energía dice que las empresas que han invertido para la generación de electricidad ya no quieren invertir por que existe una laguna legal en esta materia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió unas consideraciones contra el “productor independiente” que existe en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), por lo que la reforma eléctrica realizada en 1992 requerirá de una reforma constitucional porque en toda ella se insta al uso del esquema de productor independiente de energía, siendo anticonstitucional en relación con el artículo 27 de la Constitución.

Pero contrariamente a lo que expone el Secretario de Energía de que las empresas ya no quieren invertir, la calificadora americana de riesgo crediticio, la Standard & Poor's (S&P), (pertenece al presidente de Estados Unidos Bush) dice que aunque no se apruebe la reforma eléctrica, México no puede permitirse la detención del programa de expansión, y que la CFE continúa licitando proyectos de generación y transmisión y que los proyectos denominados obra pública financiada (OPF) no deberían verse afectados mientras que el panorama para los productores independientes de energía es incierto. Esperan que la reducción de los subsidios a la energía eléctrica (que es una orden del FMI y BM implementada por el gobierno de Fox), dé como resultado más flujo de efectivo que podría ser usado para refinanciamiento de inversiones de capital.

La privatización energética aunque sea ilegal es real, sin necesidad de modificar los Artículos 27 y 28 constitucionales. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la Secretaría de Energía, desde 1992 concedió más de 200 permisos; un ejemplo de estos permisos es el de la empresa Hidroelectricidad S.A de C. V., que en 1992 se le dio para la generación de energía eléctrica hasta 30 Millones de Watts, para abastecer a las empresas Siderúrgica Tultitlán y Colchas de México, luego se dedicó a abastecer a empresas carreteras, cerveceras, automotrices, papeleras, vidrieras, refresqueras, al gobiernos del D.F., a los municipios más importantes del Estado de México, como Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca y Cuautitlán, también a Acapulco, Chilpancingo e Iguala en el Estado de Guerrero, Cuernavaca y Cuautla en Morelos. Ampliaciones posibles por los Artículos 101 y 102 del reglamento y de acuerdo al Artículo 36 Fracción I de la LSPEE. Estos permisos y sus "ampliaciones legales" representan un incremento de cerca de 12 mil Millones Watts, lo que equivale a la tercera parte de la capacidad total actualmente instalada. No basta con luchar contra las modificaciones a la Constitución pues incluso las inversiones eléctricas han sido con recursos privados como los pidiregas.

Interesados en que se modifiquen las leyes para privatizar la energía eléctrica se encuentran George Bush y el vicepresidente norteamericano Cheney, este último participó en la industria petrolera a través de la empresa Halliburton Energy Services, que recibió durante los 90´s, cientos de millones de dólares del gobierno norteamericano para lograr contratos con PEMEX. Ahora la empresa tiene contratos con PEMEX para proveer equipo de perforación y otros servicios para el proyecto de la cuenca de Burgos. En julio pasado Halliburton anunció haber logrado otro contrato por 44 millones de dólares para proporcionar equipo y servicios al campo Bloque Sur de Cantarell, en Campeche, el más grande de México. Y proporcionaba 88 % de todo el equipo importado por PEMEX.

Cheney, encabeza a la comisión de energía encargada por el gobierno norteamericano de definir la política energética que propone la Integración Energética Hemisférica, y en especial la “cooperación” con México. Esa cooperación la plantean en términos de "ampliar y acelerar inversión en energía, petróleo, gasoductos y conexiones de la rejilla eléctrica transfronteriza". Actualmente existe una demanda contra Cheney y otros directores de Halliburton por prácticas contables fraudulentas que sobre valoraron las acciones de la compañía.

Otro interesado es el Ex-In Bank, que es el encargado de financiar los contratos con PEMEX. Este banco también intervino en la industria eléctrica de México, en generadores para turbinas de gas de CFE y, en la construcción de plantas privadas como El Bajío (600 Mw) mediante apoyos a Bechtel International y General Electrical Power Systems, además de Enron.

Es evidente el interés del gobierno norteamericano sobre la industria energética de México. De allí el interés por la apertura de PEMEX y CFE. El gobierno norteamericano está interesado en obtener suministros seguros y baratos de petróleo crudo.

Una parte de la corrupción del IPAB

En silencio el gobierno de Fox exoneró al PRI de reintegrar 25 millones de dólares que recibió en 1994 del Banco Unión (Carlos Cabal Peniche), para financiar las campañas de Colosio, Zedillo y Madrazo, durante 1993 y 1994, cantidad que fue a engrosar al Fobaproa.

Cuando se creó el IPAB, se legalizó la compra ilegal de cartera del Fobaproa, los panistas consiguieron que los priístas aceptaran la inclusión de un artículo transitorio -el séptimo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario- donde se asentó que, una vez realizadas las auditorias y devueltas a los bancos las operaciones ''irregulares'', el PRI tendría que reintegrar al erario el dinero que recibió de Banco Unión.

Se dijo entonces que no podían detener el resultado de esas auditorías, por 40 millones de pesos, pero, el monto fue mayor. La campaña de Roberto Madrazo para gobernador gastó 237 millones de pesos, cuando el tope fue de 4 millones. Las empresas que participaron fueron Banco Unión, Del Valle Zapata y Asociados, Grupo Comercial Alvi, Real Turismo (administradora de los hoteles Camino Real), Lomas Mil, Distribuidora Comercial Futura, Hexagrama, Larefo y San Carlos World Trade de México, así como el propio Carlos Cabal Peniche. La ruta de las transferencias ilegales al PRI está detallada con amplitud en el informe del Órgano Superior de Fiscalización, que a pesar de haber conocido como se trianguló dinero al tricolor, también lo exoneró.

El presupuesto y la mujer

Con el presupuesto no se resuelven los problemas de las mujeres pero tampoco se destinan recursos para programas en favor de ellas. El sistema de salud no tiene como prioridad los cánceres de mama, de matriz y por aborto que son causas principales de mortalidad femenina.
La SHCP realizó recortes en el 2002 a los recursos “etiquetados” para las mujeres, que se supone no deberían de recortar. Algunas secretarías realizaron reasignaciones internas de su presupuesto. Se dieron recortes al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al Programa Mujer y Salud (Promsa) de la Secretaría de Salud y el Hospital de la Mujer no ejerció cinco millones de pesos en becas para adolescentes embarazadas, del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al Inmujeres se aprobaron 220 millones de pesos para 2002, pero recibió 209 millones. Al Promsa, que se le asignaron 80 millones 747 mil cien pesos, le quitaron cerca de 17 millones de pesos.

Durante sus comparecencias de la Cámara de Diputados, los funcionarios de esas dependencias aseguraron que la SHCP nunca entregó completos los recursos que había aprobado la Cámara
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