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Dos personajes, de negra trayectoria, ejecutantes de secuestros, torturas, asesinatos, detenciones y desapariciones, durante la década de los años 70, pertenecientes a la estructura del poder político del país, además de estar ligados al narcotráfico, están siendo “juzgados”, por sus relaciones con éste, “asociación delictuosa y ofensa al honor militar”. Por ello el Tribunal Militar, les dictó auto de formal prisión (preventiva) y se está “estudiando” el caso de la demanda por “involucramiento” en los casos de homicidio de 143 personas activistas (o familiares) de movimientos políticos y armados, principalmente del estado de Guerrero.
A 34 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco y a unas semanas del “narco-escándalo” en la zona militar de Sinaloa, la burocracia -de la oligarquía panista en turno- para mostrarse democrática y transparente, por lo trascendente del caso instruyó el “sacrificio” de Francisco Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, militares en activo. Les iniciaron un proceso de juicio militar “público” e “inédito” por actividades delictivas, con el propósito de limpiar la imágen y recuperar la credibilidad de unos de los instrumentos más importantes de represión, el ejército, y con ello legitimar las acciones de Estado cometidas en las últimas dos décadas en contra de los movimientos populares y revolucionarios.
Las fuerzas armadas sólo han servido para someter por la fuerza al proletariado, nunca han sido utilizadas para combatir las injusticias de la burguesía en contra del pueblo. Gozan de libertad cuando cometen actos criminales; por su fuero militar no pueden ser juzgados por tribunales civiles, menos por los reclamos o exigencias populares. El ejército es junto con otros cuerpos de seguridad, los principales actores contra el movimiento revolucionario. Por su efectividad contra la población indefensa, su actividad se ha extendido hasta las funciones civiles de la seguridad (el caso de la Policía Federal Preventiva, por mencionar uno), para ejercer mayor control y dar mayor seguridad a los intereses de los patrones. Son pieza importante en el narcotráfico a niveles de Estado.
Las actuaciones criminales de estos dos generales, uno, diplomado del Estado Mayor Presidencial y General de División. Y el otro, ex-comandante del Batallón Olimpia (ejecutores de la masacre del 2 de octubre de 1968) y hoy General de Brigada, no sólo fueron conocidas, sino también planeadas por el ejército y el Estado. Ellos fueron los responsables de la política interna del país, gobernadores, Secretarios de Defensa, Procuraduría General Militar, Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, CISEN, y Presidentes de la República en turno: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Estos instrumentos y personeros del aparato burgués actuaron abierta y encubiertamente para resguardar los intereses de la oligarquía, como hoy lo sigue haciendo el gobierno de Fox. Juzgarlos realmente, como reconoce otro personero del ejército -que reclama que también se juzgue a los guerrilleros asesinados por el homicidio de 30 militares en el cumplimiento de su deber- significa juzgar también a los mandos superiores. Situación que no permitirá el estado, porque significa deslegitimarse, condenarse y mostraría la naturaleza explotadora, opresiva y criminal de la clase en el poder y su aparato.
Por eso, el hacer público el juicio militar de los militares, representa un espectáculo y una medida más de encubrimiento y mediatización de las masas, que no es suficiente. Estos dos narco-generales, sólo son dos peones del tablero político del poder, donde el PRI y el PAN ajustan sus cuentas por los escenarios políticos a conquistar, por lo que la reclusión de estos narco-generales, sólo será, (si es que son castigados) un retiro espiritual, en tanto sus sacrosantos superiores se revuelcan para mantener el poder.
Por esto, es posible entender el papel que juega la Fiscalía Especial Para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por el gobierno foxista, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que creó Salinas de Gortari. Mecanismos creados por la oligarquía, para impedir que el pueblo construya sus propios instrumentos que juzguen y castiguen realmente a sus opresores. Como un recurso necesario, justo y legítimo. Además, es una forma en que el régimen mediatiza y desarticula la lucha popular, encuadrándola dentro del “Estado de Derecho”, es decir a sus leyes e instituciones corruptas.
Creer en la justicia burguesa, en sus leyes y en sus instrumentos, es una ilusión vana, la burguesía la fomenta y los reformistas la alimentan, también es una acción conciliadora y reaccionaria que ha utilizado la socialdemocracia y recientes grupos armados, para impedir que el proletariado destruya el capitalismo por la vía revolucionaria. Para terminar las injusticias burguesas el proletariado no tiene otra alternativa que organizarse como clase social en su Partido y luchar contra sus enemigos: los burgueses y sus seguidores, de manera irreconciliable y sin claudicaciones. El proletariado hará justicia en los tribunales populares revolucionarios, que juzguen y que castiguen a los responsables de tanta ignominia y deshumanización.

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